Comenzará a las 17 horas en el Obelisco y terminará en la Torre Ejecutiva. Protestas por regasificadora, el proyecto minero Aratirí y Puerto de aguas profundas.

Hoy a las 17 horas tendrá lugar una marcha que promete hacerse notar. Cortará la principal avenida montevideana para terminar frente a la Torre Ejecutiva.

Los conflictos por la minera Aratirí, por la regasificadora de Sayago y por el puerto de aguas profundas, entre otros, lograron un hecho inédito: que los movimientos activistas hayan transversalizado esfuerzos, convocando para este viernes a una concentración pública en la que el ambientalismo, política, economía y desarrolla alcanzan un punto de encuentro trascendente.

La marcha irá desde el Obelisco a Plaza Independencia. En realidad es la quinta marcha en Defensa del Agua, la Tierra y los Bienes Naturales. El colectivo estableció una asamblea nacional permanente (ANP).

Algunos sectores se han transformado en un declarado adversario de este gobierno en temas puntuales como derechos humanos. La represión policial a partir de incidentes callejeros (Suprema Corte, aniversario del Hospital Filtro) y el traslado a la órbita civil de la jueza Mariana Mota -que entendía en una treintena de casos de la dictadura- fueron otros escenarios en los que se vio como protagonistas a algunos de sus dirigentes. El caso más prominente es el de Álvaro Jaume -del Colectivo Sauceño de Lucha por la Tierra- quien ha sido indagado judicialmente por los desórdenes en el Palacio de Justicia en febrero de 2013.

JUNTOS PERO NO REVUELTOS. Los grupos que integran la coordinadora exceden largamente a Plenaria Memoria y Justicia, y otras instituciones consideradas radicales y que dedican buena parte de su discurso a criticar al gobierno y en especial al Ministerio del Interior. Lo paradójico es que algunos de esos dirigentes -Irma Leites es una de las caras más conocidas de estos movimientos- compartió trinchera en los años 60 y 70 con el actual ministro Eduardo Bonomi dentro del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Ambos fueron presos políticos pero ahora están en bandos irreconciliables.

Entre los grupos que han cobrado notoriedad en las últimas semanas está la Coordinadora del oeste de Montevideo, que brega para que la regasificadora no instale muelle y planta en la zona de Sayago. La lucha contra Ancap y UTE -unidas en Sayago Gas- es fuerte: detrás del debate hay un proyecto de 1.125 millones de dólares con el cual Uruguay piensa cambiar su matriz energética.

Existen también movimientos que nacieron en el interior como acciones ciudadanas ante otros proyectos multimillonarios. Resulta difícil para estos grupos organizados a partir de intereses puntuales, supuestamente “apolíticos”, afrontar una pelea pública ante auténticos gigantes globales, con un gran poder de lobby y acostumbrados a librar batallas similares en todo el mundo.

Un ejemplo claro es la denominada Mesa Representativa de Ruta 7, que se originó por el conflicto con la minera Aratirí, el nombre que eligió para su emprendimiento en Uruguay la multinacional Zamín Ferrous. El proyecto generó la resistencia de productores (básicamente ganaderos) de la zona, pero luego la batalla se extendió a otros sectores de la sociedad de Cerro Chato, Valentines y otras localidades donde la compañía planea realizar prospecciones.

Otras organizaciones que integran esta coordinadora son la Confederación de Pueblos Costeros, la Comisión Tacuarembó por la Vida y el Agua y la Asamblea Participativa Costeña de Canelones.